Vertiginosa corrupción en emergencia por COVID 19
HONDURAS | Derechos Humanos | Por Reporteros de Investigación – La pandemia del Covid 19 ha servido para el concierto de negocios entre grupos estimulados desde el más alto nivel del Estado, tal como demuestran una serie de evidencias y testimonios recopilados por RI.
La trama de irregularidades está conformada con mentiras públicas, compras sobrevaloradas y sociedades mercantiles, ligadas a otra serie de sociedades que a su vez están conectadas con más sociedades, un solo socio aparece en varias empresas y en el medio aparecen funcionarios del gobierno, parientes o socios del grupo político que gobierna Honduras, como proveedores del Estado. Esta investigación periodística se hizo mediante una recopilación de denuncias públicas, monitoreo de portales de gobiernos abiertos y documentos revelados por otros periodistas.
La huella de irregularidades iniciaría con una ley publicada de manera anómala tres meses después de su aprobación y solo siete días antes de aprobar otra nueva ley que abrió la lleva para contrataciones directas, basadas en la emergencia por COVID 19.
Esta ley preparó el camino para favorecer a quienes incurran en mal manejo de fondos públicos durante la emergencia, denunció la periodista, Sandra Maribel Sánchez, en su programa Más que Dos de Radio Progreso. Esta Gaceta dice que el decreto fue aprobado en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional de Tegucigalpa cuando en realidad la aprobación se hizo en Choluteca, denunció la periodista.
El 21 de noviembre de 2019, diario Tiempo informó que el Congreso Móvil, en Choluteca, aprobó 32 reformas a la ley del TSC. Pero pasaron tres meses y estas reformas no fueron publicadas sino hasta que iba a iniciar la emergencia por COVID 19, denunció la periodista Sánchez.
La reportera siguió el rastro de la ley al escuchar que el presidente del TSC, José Juan Pineda Varela, insistía en el tema de auditorías concurrentes. Al consultar con abogados, le dijeron que esa figura no existía, hizo una investigación documental y encontró que esa figura tuvo vida legal días antes de la ley que permite compras directas al amparo del COVID 19.
Tal como lo establece el decreto 145-2019, publicado en La Gaceta número 35192 el 5 de marzo de 2020, el TSC participa desde el proceso de compra y va señalando errores, esto puede generar que más adelante digan que no es necesaria una auditoría porque ya hubo un trabajo del TSC durante todo el proceso, dijo Sánchez en su programa.
“Podríamos estar ante un hecho de corrupción hasta 11 veces más grande que el del Seguro Social (IHSS)”, advirtió la periodista.
El mismo modus operandi
Una vez que se hubo aprobado la ley del decreto 145-19 con las reformas al TSC, solo siete días más tarde el 13 de marzo de 2020, en La Gaceta número 35,199 fue publicada la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social Frente a los Efectos del Coronavirus Covid-19.
Esta ley despejó el camino para la directa contratación de obras públicas, así como la adquisición de bienes y servicios a las instituciones autorizadas durante la emergencia.
El 10 de febrero de 2020, el gobernante, Juan Orlando Hernández, había decretado el estado de emergencia sanitaria.
Durante la emergencia, el Poder Ejecutivo ha promulgado cinco decretos y el Poder Legislativo, tres. Ocho normas legales en total.
Este modo de operar se parece al caso que se llamó Pacto de Impunidad, promovido por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) que fue sacada del país porque el gobierno y diputados no renovaron el convenio.
El Pacto de Impunidad consistió en reformar la ley para favorecer a los diputados que estuvieron acusados criminalmente en el caso Red de Diputados.
En su momento la MACCIH explicó que “la audiencia inicial se encontraba en trámite ante el órgano jurisdiccional, cuando el 18 de enero del 2018 el Congreso Nacional modificó por adición la Ley de Presupuesto, aprobada en el Decreto Legislativo No. 141-2017 contentivo de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, del 19 de enero de 2018. En dicha modificación se incluyeron disposiciones distintas a las aprobadas por el pleno de diputados y se produjo la imposibilidad de iniciar investigaciones contra los funcionarios que hubieren manejado fondos públicos, mientras no culmine la investigación administrativa del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en el plazo de tres años”.
Fuente: Reporteros de Investigación | Fotografía: Cesar Fuentes | Ilustraciones de portada y de serie: Allan Mc Donald | Honduras
