El Poder Popular hará contraloría sobre la distribución del gas

Luego de una desproporcionada alza en los precios del gas doméstico y la organización para el reclamo del servicio, voceros y voceras del Poder Popular y servidores públicos de PDVSA Gas Comunal del estado Táchira, se proponen concentrar esfuerzos para detener la especulación que afecta directamente a los sectores populares y trabajadores.

A pesar de que los precios regulados de las bombonas de gas doméstico son excesivamente económicos para las familias (entre 5 y 50 Bsf.), debido a la tercerización en el servicio de distribución y comercialización, los usuarios y usuarias pagan el gas hasta un 500% más. Como establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las comunidades pueden asumir la gestión de servicios: “La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos, promoviendo: 1. La transferencia de servicios en materia de salud, educación, vivienda, deporte, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y protección vecinal, construcción de obras y prestación de servicios públicos. A tal efecto, podrán establecer convenios cuyos contenidos estarán orientados por los principios de interdependencia, coordinación, cooperación y corresponsabilidad…” (Artículo 184)

En la práctica concreta, la distribución de gas en barrios y comunidades descansa en Consejos Comunales, Cooperativas u otras formas de organización territorial, pero también, en muchos casos, el servicio es prestado por personas individuales (privados) que realizan la distribución como un negocio privado y no un servicio público a la población. Es importante resaltar que al precio que se venden las bombonas en los hogares, significa que el costo de la distribución lo están pagando directamente los consumidores y no los distribuidores, que son intermediarios que no invierten en el encadenamiento productivo.

Luego de diversas reuniones entre los distribuidores, consumidores y el órgano oficial con competencia en la materia, se llegaron a acuerdos fundamentales que pretenden resolver el problema de la especulación en los precios y de la efectividad en el servicio. Por un lado, los Consejos Comunales, Comunas y otras formas de organización van a constituir Empresas de Propiedad Social Directa Comunal para prestar el servicio a un precio justo, de acuerdo a las funciones que como autogobiernos comunales les otorga la Ley Orgánica del Poder Popular. Por otro lado, y en el marco del funcionamiento y activación de los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), se realizarán actividades de seguimiento y contraloría social para garantizar un servicio efícaz.

 Posiciones encontradas

Los distribuidores de gas comunal argumentan que el diferencial existente en el precio del gas desde que sale de la central de llenado hasta que llega a los hogares, obedece a los altos costos del mantenimiento de los vehículos que se utilizan para el transporte de las bombonas, además de la falta de acceso a repuestos en el mercado legal a un precio regulado. Del otro lado, los organismos públicos no han logrado brindar una respuesta efícaz en este sentido, sin poder comprometerse a facilitar el acceso a cauchos, aceite y los repuestos que los distribuidores reclaman. Este problema se traslada a los nuevos voceros y voceras que van a asumir la responsabilidad del servicio, ya que se enfrentarán al mismo flagelo.

Voceros y voceras activas en los CLAP, manifestaron que, además de la función de abastecer al pueblo de sus necesidades materiales, el objetivo fundamental de estos Consejos es brindar información para comprender las causas y efectos de la Guerra Económica, así como desarrollar de manera permanente formación ideológica que permita que la población comprenda y se prepare para enfrentar las ofensivas de la oposición, que está en contra del proceso de transición al socialismo en Venezuela.

 

Bibliografía: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Texto: Corresponsales del Pueblo

 

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