Inacción gubernamental y corrupción alientan muertes de niños Wayuu

COLOMBIA | Derechos Humanos | Por PrensaCDP – Un día sí y otro también vemos reflejada en los más diversos medios de prensa la situación límite que viven comunidades originarias en distintas latitudes del continente.

Desde el norte argentino, la amazonia brasileña o, como el caso que nos mueve a esta nota, la situación – nada novedosa, pero cada vez más preocupante – de los integrantes de la comunidad Wayuu en la frontera colombo-venezolana.

Bajo el título “Colombia: Exigen acciones ante muertes por desnutrición de niños wayuu”, el periodista Renzo Anselmo, escribiendo para Servindi da cuenta que “la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denunció la inacción de las autoridades ante las numerosas muertes de niños del pueblo Wayuu en el departamento de La Guajira, al norte de Colombia”.

Una vez más, el actor principal en este supuesto dilema étnico es la desnutrición; y estos “decesos, que se asocian a cuadros de desnutrición, han sido denunciados en reiteradas ocasiones por organismos internacionales desde el 2013. Sin embargo, pese a los fallos, sentencias y órdenes de la justicia, la ONIC aseguró que aún no se han tomado medidas efectivas sobre el tema”, recuerda Anselmo en su crónica.

Pero no solamente la desnutrición es el protagonista trágico de esta realidad. Ya que por ejemplo, el pasado 19 de febrero, la cadena supraestatal Telesur daba cuenta que “la Organización Indígena de Antioquia, denunció que 500 integrantes del pueblo Senú, están en riesgo de ser desplazados”.

Más allá de los desplazamientos, la violación sistemática a los derechos humanos de las comunidades originarias y los pueblos afrodescendientes o los campesinos “más de 4,770 menores dejaron sus vidas en hospitales y rancherías, convirtiéndose en escalofriantes cifras que NO han sensibilizado a gobernantes y entidades involucradas en este flagelo», lamentó la organización”.



Cosas Inconstitucionales

“El 8 de mayo del 2017, la Corte Constitucional de Colombia declaró el Estado de cosas Inconstitucionales en La Guajira al determinar que existía un incumplimiento por parte del Gobierno y de varias autoridades para atender la vulneración de los derechos fundamentales a la alimentación, salud y agua potable en los menores wayuu”, relata el reporte.

“En Colombia, el Estado de cosas Inconstitucionales es una herramienta legal que fue creada por la Corte Constitucional con el fin de proteger los derechos fundamentales de la población”. Por lo tanto “cuando el alto tribunal declara esta condición en alguna localidad, reconoce la violación masiva y sistemática de los derechos fundamentales de las personas que viven ahí; además de la omisión de las autoridades para adoptar medidas que garanticen tales derechos”.

En este contexto, tanto el Ministerio de Salud como la Corte Constitucional reclamaron al gobierno Colombiano tomar cartas en el asunto y atacar las causas de la desnutrición en La Guajira, avanzando en el cumplimiento de las metas previstas en el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, pensado para mitigar los índices de desnutrición crónica de las poblaciones del sector.

Niños Wayuu siguen muriendo

Las constataciones realizadas en el territorio por parte de la Procuraduría General de la Nación colombiana daban cuenta en el 2018 que la situación de los niños wayuu seguía siendo “precaria”.

Del informe se puede rescatar el dictámen que detalló que en «las inspecciones oculares y visitas de campo, se hallaron niños en condiciones muy precarias, en recintos sin ventilación y sin el mínimo vital, ya que el agua que consumen no es potable ni apta para el consumo humano», relataron.

Para, a renglón seguido precisar que “Se encontraron centenares de niños sin atención y con evidentes signos de estado de desnutrición”; tal reseña el reporte de Anselmo publicado por Servindi el pasado día 19 de febrero.

La constatación de este estado de cosas motivó que “en diciembre del 2019, el Tribunal Superior de Riohacha, capital de La Guajira, cite al presidente de Colombia, Iván Duque y las autoridades competentes a una audiencia por incidente de desacato a la sentencia T-302. El presidente nunca llegaría y sus enviados reconocerían que el gobierno aún no cuenta con un plan de acción”.



La corrupción en el ojo de la tormenta

Ante la inacción del estado colombiano frente a esta situación que se arrastra desde hace años sin soluciones a la andanada de denuncias, planteamientos y reclamos tanto por parte de organismos nacionales y organizaciones de la sociedad civil, se suman denuncias de hechos de corrupción como agravante del problema.

Tal cual lo refiere la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) en un comunicado dado a conocer recientemente “denunció que el Instituto Colombia de Bienestar Familiar (ICBF) Regional Guajira, entidad encargada de velar por la prevención y protección integral de la primera infancia, se ha convertido en «la caja menor de la corrupción».

La comunidad Wayuu en general y la población infantil en particular ve esquiva la posibilidad de acceder a los fondos de ayuda que se destinan para atender y resolver la situación de crisis social en la que viven, desatando el desplazamiento, la mencididad y las condiciones de vida violatarias a todo derecho humano a lo que se ven expuestos.

Diversos informes de la sociedad civil e incluso de organismos del Estado colombiano, así como medios de comunicación dan cuenta de esta situación “mientras sigue la puja para acceder a los millonarios contratos de la atención a la primera infancia en la Guajira, los niños wayuu en los territorios indígenas se siguen muriendo de hambre y sed».

Frenar el avance de la corrupción, atender a los llamados al Estado y a los organismos de defensa de los derechos humanos a nivel nacional e internacional son las premisas reiteradas de los llamados públicos que ha realizado la ONIC para que los responsables “se pronuncien al respecto”


Fuente: Servindi

Compaginación informativa y redacción periodística Víctor M Rodríguez para PrensaCDP

Febrero 2020 | Colombia


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