El Salvador: violencia que nunca termina

EL SALVADOR | SICCI (San Salvador – MAR.01.MAR / Aporte Adital / Tomás Andréu) – El 16 de enero se cumplieron 24 años de la firma de los Acuerdos de Paz entre el insurgente Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el gobierno del entonces presidente Alfredo Cristiani (1989-94), de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que pusieron fin al conflicto armado que se desarrolló entre 1980 y 1992, dejando 75,000 muertos y más de 8,000 desaparecidos.

En el acto de conmemoración, el presidente Salvador Sánchez Cerén, excomandante del FMLN y firmante de los Acuerdos de Paz, señaló que «con la firma de los Acuerdos de Paz nuestro país se ganó el respeto y reconocimiento internacional por haber tenido la valentía y la sabiduría de poner fin a una cruenta guerra a través del diálogo y la negociación”.

«Sabíamos que la firma de los acuerdos era un punto de partida para construir la democracia y la paz. Recordemos que nuestros adversarios querían mantener el statu quo y nosotros cambiarlo. Las 34 reformas a la Constitución de la República buscaban construir un Estado de derecho”, señaló a Noticias Aliadas la excomandante guerrillera y ahora diputada, Nidia Díaz.

Entre las reformas mencionadas por Díaz están la creación del Procurador Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos, de la Academia de Seguridad Pública, de la Policía Nacional Civil, la depuración del Ejército salvadoreño que pasó a estar bajo subordinación de la sociedad civil y la instauración de un ente rector para la asignación de los cargos públicos.

El exguerrillero Otoniel Guevara — poeta, agente cultural y excandidato a alcalde de Quezaltepeque, al norte de San Salvador, en el 2015 — compartió lo señalado por Díaz.

«Hay que celebrar los Acuerdos de Paz. Fue un paso en firme por la consecución de un Estado de derecho”, afirmó a Noticias Aliadas. Guevara, quien participó en la ofensiva armada de 1989, que fue determinante para el diálogo entre la insurgencia y el gobierno, hoy es crítico del FMLN.

Por su parte, el expresidente Cristiani dijo a Noticias Aliadas: «El objetivo de todo el proceso de negociación era terminar el conflicto armado, y en ese sentido los acuerdos cumplieron su cometido. De tal suerte que para lo que se quiso en aquel momento, que era detener el conflicto, fue suficiente. No quedó nada pendiente”.

Deudas pendientes

Cristiani insistió en que la Ley General de Amnistía dada bajo su gobierno en 1993 — que negó la posibilidad de juzgar a responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado — permitió a El Salvador transitar por un nuevo camino.

Desde que el FMLN llegó al poder, primero con Mauricio Funes (2009-2014) y ahora con Sánchez Cerén, elegido en el 2014, poco o nada se ha hecho para esclarecer los crímenes cometidos durante el conflicto armado y hacer justicia a las miles de familias que sufrieron la muerte o desaparición de un ser querido.

«Hoy, como Comandante General de las Fuerzas Armadas, pido perdón a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos, a sus familiares, y les reafirmo mi compromiso que hechos como esos jamás se repetirán en nuestra historia”, señaló Sánchez Cerén.

Hay que recordar, sin embargo, que el actual mandatario, cuando fue diputado en el 2006, exigía la derogación de la Ley de Amnistía General, señalando que desde un principio ARENA se negó a cumplir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, creada en virtud de los Acuerdos de Paz, para investigar los crímenes de lesa humanidad que ocurrieron en el país entre 1980 y 1992.

Ahora el tema es incómodo, a pesar de que el Ejecutivo tiene la potestad de promover que dicha acción tenga otro destino jurídico.

Díaz hace un mea culpa respecto a la deuda del FMLN desde la firma de la paz: «La deuda que tenemos es el resarcimiento del daño moral y material de las víctimas (…) No hemos derogado la Ley de Amnistía porque no ha habido una correlación. Si tuviéramos más diputados creo que ya lo hubiéramos hecho”.

Sin embargo, la lucha contra la impunidad parece haber dado un paso hacia adelante con la captura el 5 de febrero de cuatro de los 17 exmilitares acusados por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas — cinco de ellos españoles —, el 16 de noviembre de 1989 en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA). Desde el 2011, la justicia española había solicitado la detención de los exmilitares con miras a su extradición, petición reiterada el pasado 5 de enero. España puede solicitar la extradición de los capturados y restará al pleno de la Corte Suprema de Justicia deliberar si esta procede o no.

Distractores de la paz

«Tiempos de paz no son. Ningún día desde que se firmaron los acuerdos ha habido paz. Si hablamos de una paz nacional, debemos recordar que hay salvadoreños con heridas de guerra como parientes desaparecidos, lisiados y veteranos olvidados; tenemos ausencia de políticas de bienestar nacional, deterioro agudo de las capacidades de educación y formación de los jóvenes, depredación de los recursos naturales, instrumentalización partidaria del deporte, el arte y la cultura, clientelismo político electoral, satanización de la juventud, por mencionar algunos ‘distractores de la paz’”, señaló Guevara.

A pesar de no encontrarse en guerra, El Salvador es actualmente uno de los países más violentos del mundo. La cifra de muertes violentas en el país ya ha superado a las que ocurrían día a día durante el conflicto armado, según la Fiscalía General de República. El 2015 cerró con 6,670 homicidios. Sólo en agosto se produjeron 911 asesinatos, es decir, 30 muertos cada 24 horas.

El gobierno atribuye estas muertes al combate que está dando a su enemigo más cercano: las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 que asesinan a soldados, policías y administradores de justicia y a sus parientes.

Los números más conservadores calculan que en El Salvador hay unos 60,000 pandilleros en las calles. Dentro del sistema penitenciaron están otros 13,000. A estas cifras hay que sumarle los colaboradores que van desde los familiares pasando por las amistades del barrio hasta llegar a jueces, policías, militares y políticos de mandos medios y bajos.

El presidente del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador (IEJES) y miembro de la Comisión Política del desaparecido Movimiento Nacional Revolucionario, Félix Ulloa reflexionó en el periódico digital El Faro sobre los 24 años de paz del El Salvador en su nuevo contexto de violencia.

«Las pandillas que inicialmente fueron solo el producto de la indiferencia del Estado para con los hijos de la guerra, con los huérfanos, los niños abandonados por los padres que se fueron a buscar la vida fuera del país, las que luego crecieron, se organizaron y multiplicaron, hoy nos tienen de rodillas”, señaló.

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Unos 13 mil miembros de pandilhas han sido detenidos en El Salvador.

La población y algunos políticos piden la pena de muerte para los pandilleros, mientras que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia los declaró terroristas en el 2015.

En su discurso, Sánchez Cerén hizo un llamado «a todos a que nos unamos, a que trabajemos juntos y enfrentar juntos los grandes retos que enfrenta El Salvador”.

El tema de la violencia es considerado uno los principales problemas del país por 60% de la población, según una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) realizada en enero. Además, un 66% reprobó las medidas que el gobierno impulsa para mejorar la seguridad por considerar que no dan resultados.

En este contexto, la conmemoración de los Acuerdos de Paz en El Salvador cada vez pasa más desapercibida. Para rescatar aquel espíritu festivo de los inicios de la firma de los Acuerdos de Paz, habría que «hacer un país de verdad. Para todos. De todos. Con todos”, afirma Guevara.

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