Coalición reclamará implementación plena de la LSCA ante la CIDH
URUGUAY | Comunicación (Montevideo – MAR.23.MAY / Redacción Prensa CDP) – Paula Baleato, Gabriel Kaplún y Victoria Alfaro conformarán la delegación de la Coalición por una Comunicación Democrática que este viernes será recibida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Buenos Aires. Así lo informó la CCD en un comunicado hecho público este martes.
Esta comparecencia de la delegación uruguaya ante el 162° período extraordinario de sesiones de la Comisión está motivado por lo que califican de “incumplimientos” por parte del “Estado Uruguayo para la implementación plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.
La Coalición ha fundamentado la solicitud a esta instancia «luego de un largo proceso de elaboración, consulta a los distintos actores y debate público y legislativo, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es aprobada y promulgada el 29 de diciembre de 2014 con el número 19.307”, expresaron en su comunicado.
Del mismo modo, la Coalición expresó que “a más de dos años de su plena vigencia, el Poder Ejecutivo aún no ha nombrado al CHASCA, tampoco al Presidente del CCA ni reglamentado la ley. En el caso de la Asamblea General del Poder Legislativo aún no ha nombrado a los cuatro miembros restantes del CCA”.
La falta de reglamentación de dicha ley, así como la no creación de por lo menos dos de los organismos estipulados en su articulado, motiva este petitorio por parte de la CCD, que ha encontrado eco en la CIDH que se reúne en la nación argentina aún esta semana.
Las y los integrantes de la CCD entienden que “la demora en la implementación de la Ley N°19.307 ha producido además un retroceso respecto a la situación anterior, ya que dejaron de aplicarse mecanismos previos que, por ejemplo, garantizaban una mayor transparencia y participación social en la asignación de frecuencias radioeléctricas y aún no se aplican los establecidos en la ley. Tanto esta demora como la detención de la transición digital constituyen, a nuestro juicio, factores que afectan fuertemente la libertad de expresión en el país, incumpliendo los estándares interamericanos promovidos por la Comisión y su Relatoría.»
